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El Índice de Libertad Económica colocó al Perú en la posición 51, un retroceso de seis puestos respecto al año anterior, cuando se ubicó en el peldaño 45. Ello debido a que la calificación del país prácticamente se mantuvo año contra año al registrar una puntuación de 67.9, un incremento de apenas 0.1, a consecuencia de ligeros avances en los puntajes de libertad monetaria y libertad comercial, indicó el reporte elaborado por The Heritage. De tal manera, Perú se ubicó entre las naciones con moderada libertad, por encima del promedio de 60.7. A nivel de América Latina y el Caribe, se posicionó de la octava casilla, un puesto por debajo de la anterior clasificación, al ser superado por Santa Lucía.
El informe arrojó así que los pasivos del país se concentran en los derechos de propiedad, efectividad judicial, libertad comercial y laboral, dentro de los cuales el segundo registra el menor puntaje, así como el retroceso más severo —cerca de cuatro puntos— con respecto a 2019. Es preciso anotar así que los 12 aspectos de la libertad económica medidos en el Índice se agrupan en cuatro categorías y están referidos a Estado de derecho — derechos de propiedad, efectividad judicial e integridad gubernamental —; tamaño del gobierno —carga fiscal, gasto público y salud fiscal —; eficiencia regulatoria — libertad comercial, libertad laboral y libertad monetaria—; y apertura del mercado — libertad comercial, libertad de inversión y libertad financiera—. De estas, los pasivos del país se concentran en la primera y la tercera área de análisis.
Estado de derecho
Aunque el reporte hace hincapié en que los derechos de propiedad sí se hacen cumplir —pese a que este indicador cayó ligeramente respecto al año anterior—, se señala que el aparato judicial es lento para escuchar casos y emitir decisiones. Además, es percibido como una de las instituciones más corruptas del país. “La corrupción es generalizada, particularmente en la contratación pública erosiona la fe en las instituciones peruanas y daña el clima de inversión generalmente positivo del país”, indica el documento.
Eficiencia en regulación
En cuando a la eficiencia reguladora, existen dos aspectos en que el país registró leves descensos. De tal manera, en el indicador de libertad comercial, Perú obtuvo 67.1 puntos, apenas 0.7 por debajo de lo obtenido el año anterior. En este ámbito, el reporte observó que, si bien el país sigue reduciendo las regulaciones que impiden la formación de empresas —por ejemplo, acortando el tiempo que lleva obtener una licencia municipal y una inspección técnica de seguridad en edificios—, el ritmo general de la reforma es lento. A su vez, en términos de libertad laboral, con una caída de 0.6, el país registró un puntaje de 62.9. Ello porque el número de nuevos participantes en el mercado laboral excede el número de empleos disponibles, pese a que la tasa general de desempleo es baja.
Apertura de mercado
Asimismo, pese a que la tasa arancelaria promedio aplicada es de 0.8%, numerosas barreras no arancelarias aumentan el costo del comercio. Además, las persistentes deficiencias burocráticas continúan obstaculizando el crecimiento de la inversión, refiere el reporte. A su vez, “el sector financiero ha experimentado una transformación gradual. El crédito al sector privado ha aumentado de manera constante, y la participación extranjera en el sector financiero también está creciendo”, indica el documento en lo que respecta al apertura de mercado.
Tamaño de gobierno
Sobre tamaño de gobierno, se destaca que el gasto gubernamental haya ascendido a 21.3% de PIB en los últimos tres años, y que los déficits presupuestarios promedien el 2.4% del PIB, también se remarca que la deuda pública sea equivalente al 26.8% del PIB. Bajo este esquema, los indicadores referidos a salud fiscal, gasto gubernamental y carga impositiva se mantienen estables respecto a 2019.
Fuente: Semana Económica