Mediante un nuevo informe, del 14 deestemes, la Sunatha confirmadoquelos fondos de inversión deben reportar a la entidad tributaria acerca de todos sus beneficiarios fina- les, sin importar qué porcen- tajedeparticipación tuvieran sobre el fondo.
El Decreto Legislativo 1372 creólaobligación paraqueto- das las empresas tengan que notificar a la Sunat acerca de sus“beneficiariosfinales”, de- finidosenlaleycomoaquellos que “poseen o controlan” a la empresaofondodeinversión. Peronohabíaquedadoclarosi erantodos los beneficiarios.
sobrecosto
Eduardo Joo, socio del estu- dio Amprimo, señalaqueesta interpretación por parte de Sunatcrearía sobrecostos para los fondos, los quedeberán realizar una búsqueda de to- dos sus partícipes alrededor del mundo y actualizar sus datos cada vez que uno se retire de un fondo o cambie.
“En casos en que un fondo
deinversión seainversionista en otro fondo, este último tendrá que informar acerca detodossuspartícipes, asíco- modetodos los partícipes del otro fondo”, comenta Joo.
Joo considera que el infor- mede Sunat havueltolaobli- gación de los fondos mutuos “desproporcional einmaneja- ble”. Señala que laobligación se vuelve casi imposible de cumplirdebidoaquemuchos partícipessonfondosinterna- cionales y se requeriría que fondos peruanos recopilen información a nivel mundial.
Joo además comenta que estos sobrecostos serán asu- midos por las utilidades del fondo, por lo que los fondos
contarán con menos, por lo que “seafectaránlosingresos de los inversionistas”.
intención
De acuerdo a Sergio Vega- León, socio del estudio Zuzu- naga, la decisión de la Sunat va en contra de lo que busca- ba el Grupo de Acción Finan- ciera Internacional (GAFI) al momento de sugerir imple- mentar este tipo de normas en distintos países.
“El puntoes que seencuen- trea quien controleestos fon- dos”, comenta, señalando que lo que busca el grupo in- ternacional de países no es conseguir datos acerca de unaseñoraretirada que pone su dinero en un fondo, sino al “pez gordo”.
Comenta que “la ley de be- neficiario final, que dice que sedebe usarlasinterpretacio- nes del GAFI para poder apli- carse”, no está siendo consis- tente con los criterios ya fija- dos por esta entidad interna- cional, la cual ya ha dictado que solo se debe pedir la información del que realmente controle el fondo.
Alrespecto,EduardoJoose- ñalaquesedeberíancuestionar estasnormasanivel judicial.
AFP. administradoras de pensiones que colocan dinero en fondos mutuos tendrán que dar a estos los datos de todos sus afilia- dos, lo cual podría afectar la protección de datos per- sonales y podría vulnerar el contrato firmado entre el fondo mutuo y la aFP. algunos abogados opinan que esto podría “tumbar el mercado de inversionistas institucionales”.
Fuente: Diario Gestión 20/02/2020