La aprobación del proyecto de ley que busca congelar los pagos —tanto de principal como de intereses— de los créditos de consumo e hipotecarios por 90 días llevaría a un alza generalizada en el costo de financiamiento. La medida —que apunta a los préstamos otorgados por bancos o financieras— generaría un incentivo perverso a que los clientes en capacidad de pagar sus créditos dejen de hacerlo; lo que elevaría la morosidad, el riesgo crediticio y las tasas del sistema.
“Lo perverso de dar una norma de este tono, sea cual sea el alcance final, es la señal que dan al deudor de que es mejor no pagar. Y eso puede tener un efecto sistémico, que va más allá de las entidades afectadas”, remarca Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico.
La ausencia de ingresos por el cobro de intereses que generaría la medida disminuiría la liquidez de las entidades, lo que reduce el fondeo para otorgar nuevos créditos. “Si tienen obligaciones con el público vinculadas al fondeo, pero por otro lado ven una recaudación [de intereses] por debajo de lo esperado, una de las consecuencias podría ser frenar los desembolsos”, explica Andrés Márquez, director senior para instituciones financieras en América Latina de Fitch Ratings. Esta posición elevaría el riesgo percibido —y el costo de financiamiento— de los segmentos que la medida apunta a beneficiar. “Las entidades financieras podrían dejar de otorgarles crédito [a los clientes de esos segmentos] o hacerlo a tasas más altas”, advierte Aron Kizner, CEO del Banco de Comercio.
Deterioro del sistema
El aumento de la morosidad afectaría la ya deteriorada situación financiera de la banca y financieras.. La morosidad del sistema, que actualmente bordea el 3%, podría elevarse a dos dígitos una vez terminado el periodo de gracia en los segmentos a los que apunta la normativa, estima Kizner. “Lo que nos preocupa es que esto obligue a los bancos a reprogramar créditos que no tenían problemas; tendrían que ajustar su nivel de provisiones, que ya ha aumentado mucho antes de esto”, dice Felipe Carvallo, vice president- senior credit officer de Moody’s. Según la SBS, a mayo, las provisiones de la banca han aumentado 25% y las utilidades se han reducido en 44%. En el caso de las financieras, las provisiones crecieron 29% y las utilidades disminuyeron 43%.
Las instituciones más afectadas serían aquellas carteras más expuestas a los segmentos de consumo e hipotecario. El 55% de la cartera de las financieras corresponde a estos segmentos, mientras que la exposición llega al 33% en el caso de la banca, según la SBS (ver gráfico). “Los bancos que están más diversificados tienen mejor defensa frente a esto”, explica Márquez, de Fitch.
El impacto del congelamiento de créditos podría erosionar la confianza en el sistema financiero y —en el peor de los casos— llevar a retiros masivos por parte de los ahorristas, lo que afectaría aún más la liquidez del sistema y elevaría los costos de financiamiento. “La medida del Congreso impacta muchísimo en la percepción que puedan tener las calificadoras de riesgo e inversionistas, así como en la fortaleza y confianza que deba de tener el sistema financiero de cara a sus ahorristas”, dice Ralph Guerra, CEO de Compartamos Financiera. “Se podrían generar alarmas entre los ahorristas y propiciar retiros que afecten la liquidez de todo el sistema financiero”, agrega Kizner, del Banco de Comercio.
Las calificadoras de riesgo coinciden en que las calificaciones crediticias de la banca podrían revisarse, lo que elevaría su costo de fondeo. Moody’s mantuvo en abril su perspectiva ‘estable’ sobre la banca peruana —el único sistema con en esta condición en la región—, pero ello podría cambiar. “Si vemos un deterioro en nuestra percepción de la calidad de los activos de los bancos muy por encima de lo que vemos en sistemas bancarios comparables, ahí podríamos actuar”, complementa Carvallo, de Moody’s.
